Las nuestras


La judicialización del combate a la corrupción en Guanajuato
Crónica inconclusa del caso DIF Estatal
Articulista Invitado: Lic. Roberto Saucedo
06/Septiembre/2010
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A finales de enero del 2011, varios ciudadanos nos despertamos con la noticia de que en el Sistema “Desarrollo Integral de la Familia” Estatal, se habían detectado una serie de irregularidades administrativas y lo más grave, serias afectaciones a los recursos públicos asignados a esta entidad gubernamental.

En lo que va del sexenio del Gobernador Oliva, ésta noticia venía a ser un eslabón más en una cadena interminable de malos manejos sobre los recursos públicos del Estado, (compra de terrenos para una fallida refinería, despilfarro en construir en la expo bicentenario, aumento exponencial e injustificado en la nómina de gobierno, compra de terrenos para una inexistente vía ferroviaria, corrupción en el Hospital General de León, etc.).

La pasividad de los Partidos Políticos de oposición se hizo evidente, a través de tibios pronunciamientos de condena por el escándalo en el DIF estatal, pero no ocurrió nada más; ante la posibilidad de que este escándalo se perdiera en la memoria colectiva y se sumara a la estadística de impunidad que tradicionalmente ha prevalecido en nuestra sociedad; un grupo de ciudadanos decidimos pasar de la crítica, a la realización de acciones concretas de lucha social, optando por presentar una denuncia penal colectiva, contra quienes resultaran responsables de las irregularidades detectadas en el manejo de los recurso del DIF.

La primera denuncia se presentó el 3 de febrero de éste año, siguieron otras tres, siendo la última el 9 de febrero, los hechos denunciados y reconocidos por la Secretaría de la Gestión Pública (Contraloría del Poder Ejecutivo), permitían presumir la actualización de diversas conductas (Fraude equiparado contra entidad pública, Peculado, Concusión, Enriquecimiento ilícito, Tráfico de influencias, Abuso de autoridad), las cuales se investigan oficiosamente (es decir, cualquier persona puede denunciar, aunque no sea directamente afectada); de acuerdo al marco legal, la posibilidad de denunciar, investigar y eventualmente pedir a un Juez Penal que sancione a quienes –en su caso- resultarán responsables, tiene un fundamento legal que soporta éste tipo de acciones sin mayor problema.

Sin embargo, en el caso concreto, las normas penales y procesales quedaron en el mundo del deber ser, por cuestiones políticas; estando involucradas la esposa y una hija del Gobernador, era previsible que nos enfrentaríamos a un sinnúmero de obstáculos por parte del Gobierno del Estado; en primera instancia, al acudir al Ministerio Público, se nos hizo esperar más de cuatro horas, para poder recibir al primer denunciante, luego la serie de denuncias presentadas, fueron enviadas a la Capital del Estado, por instrucciones del Procurador General de Justicia, el cual creó una Fiscalía Especial, en la que se investigan asuntos de tal importancia que sólo él determina el destino de las indagatorias, para ello el trabajo material lo realizan un Director y algunos Agentes del Ministerio Público; en el caso concreto, un segundo obstáculo se dio precisamente en dicha fiscalía, donde el Director negó la consulta al expediente, argumentando que no se tenía derecho a ello, lo que obligó a formular una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos y una Demanda de Amparo, luego alguno meses, la Procuraduría emitió dos recomendaciones en torno al caso, mismas que fueron admitidas por el Procurador de Justicia y sólo de esa manera se pudo tener acceso al expediente, sólo para verificar que luego de cuatro meses de haberse presentado la primera denuncia, no había investigación.

Un tercer obstáculo, se dio a los pocos días de haberse tenido acceso al expediente, pues el fiscal, determinó decretar el inejercicio de la acción penal, sobre la base de que los denunciantes no teníamos legitimación para ejercer tal derecho, puesto que sólo el Congreso, a través del Órgano Superior de Fiscalización, podía presentar una denuncia por afectación a la “cuenta pública”, en conclusión, sin haber realizado investigación alguna y a mas de cien días de presentada la denuncia, el Procurador, por medio de su Director de la Fiscalía especial, daba carpetazo al asunto denunciado, la decisión asumida no fue una sorpresa, ya que el Procurador en los hechos, está subordinado al Gobernador del Estado, (para su designación, el Gobernador lo propone y el Congreso lo ratifica); ante la determinación del Procurador, se formuló un recurso de impugnación del cual conoció la Jueza Primero Penal del Partido Judicial de Guanajuato, ante la cual se formularon diez agravios (violaciones al procedimiento cometidas por el Procurador), una vez admitido el recurso, se emitió sentencia en donde sólo se estudiaron dos de los agravios y se confirmó la determinación de inejercicio, en ésta instancia teníamos esperanza de que la Jueza actuara con independencia, sin embargo, el Poder Judicial del Estado, también está controlado por el Gobernador, la mayoría de los Magistrados son de extracción panista, fueron ellos quienes eligieron a la actual Presidenta, también vinculada con el Partido en el Poder y aunque en teoría, cada Juez goza de autonomía en la toma de decisiones, lo cierto es que la injerencia de la Presidenta en el quehacer de los juzgadores es una realidad.

Agotadas las instancias estatales, promovimos un Juicio de Amparo, el cual ha sido radicado y está en proceso, confiamos en que ahora sí, tengamos respuesta a un reclamo social básico: justicia; sin embargo, es necesaria una reflexión obligada ¿por qué tener que acudir al Poder Judicial, con el fin de que se obligue al Ministerio Público a investigar un caso de corrupción?, que acaso el Poder Judicial no debería intervenir en la cuestión de fondo (determinar la existencia o no de delito y la responsabilidad o no de los quienes sean imputados en su comisión) y no en aspectos claramente obstructivos como lo es la cuestión acerca de que, los ciudadanos puedan o no denunciar; algo que si es una realidad es que al momento que se dicte la sentencia, sí esta resulta favorable, habrán pasado bastantes meses y la investigación resultará más complicada por la posibilidad de haberse alterado pruebas, ocultado otras y manipulado en general el estado de las cuentas públicas del DIF estatal.

La crónica de éste caso es aún inconclusa, en tiempos por venir, conoceremos el desenlace jurídico del tema, lo que momentáneamente puede concluirse, es que el combate a la corrupción es eficaz, cuando se trata de sancionar al ciudadano de a pie o al servidor público de baja jerarquía, la igualdad prevista como garantía en la carta magna se torna inexistente, cuando el corrupto es cercano al poder o es cabeza de poder, puesto que el trato que se le da es el de protección a toda costa, lo cual no ocurriría si el personaje involucrado no gozará de poder.

La necesidad de cambiar el actual esquema de combate a la corrupción es apremiante, es indispensable contar con una Procuraduría General de Justicia dotada de plena autonomía; al igual que el establecimiento de un régimen legal que garantice efectivamente la independencia del Poder Judicial; estas reformas sin embargo, sólo pueden provenir de la sociedad, a la clase política no convienen; la tarea es complicada pero no imposible.

[i] Por corrupción (del latín corruptĭo, corruptiōnis; a su vez del prefijo de intensidad com- y rumpere, romper) y en lo tocante a corrupción política, en términos generales, puede definirse como el mal uso público (gubernamental) del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o transparencia de un Estado o Nación, Sayed y Bruce (1998) definen la corrupción como “el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado”, entendiendo que este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos. También se define como el "conjunto de actitudes y actividades mediante las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos consigo mismo, utilizando los privilegios otorgados, esos acuerdos tomados, con el objetivo de obtener un beneficio ajeno al bien común". Por lo general se apunta a los gobernantes o los funcionarios elegidos o nombrados, que se dedican a aprovechar los recursos del Estado para enriquecerse. Todos los tipos de gobierno son susceptibles a la corrupción política. Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de influencias, el pucherazo, el patrocinio, sobornos, extorsiones, influencias, fraudes, malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo y la impunidad. La corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la prostitución ilegal; aunque no se restringe a estos crímenes organizados, y no siempre apoya o protege otros crímenes. (fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_pol%C3%ADtica)

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