Las nuestras


Artículo Maite Azuela
Analista política y Activista ciudadana
19/Octubre/2010

Hace más de un año, tras recibir la respuesta extemporánea de los diputados a la petición ciudadana de DHP*, que exigía una explicación por la devolución que se hizo del impuesto al aguinaldo en 2008, presentamos una demanda penal en la PGR contra aquellos diputados que resultaran responsables.

Aunque esperamos muy poco de nuestras autoridades de justicia, sobre todo tratándose de castigar a otros funcionarios públicos, teníamos que continuar hasta las últimas consecuencias. Sabemos que la complicidad es el uniforme obligatorio de la mayoría de los poderosos, pero nunca imaginamos que la respuesta tomara más de un año y que fuera tan indiferente como escueta.

Recuerdo que un par de días antes de presentar la demanda, Arturo Chávez Chávez había tomado posesión del cargo como nuevo Procurador de Justicia de la República. Su fama no era muy buena y los reclamos de varias organizaciones de la sociedad civil por su nombramiento le caían como confeti.

Sin embargo, en el intento de promover el optimismo, algunos integrantes de DHP* consideramos que, estrenando placa, Chávez Chávez impulsaría respuestas más oportunas y justas en la PGR. Esperábamos incluso que una de las consecuencias de la demanda fuera evitar candidaturas de aquellos ex diputados que habían recibido estos y otros recursos públicos sin justificación alguna. Entre ellos estaba César Duarte, quien presidía la Cámara de Diputados. Ahora lo vemos como gobernador de Chihuahua anunciando su firme compromiso contra la impunidad y corrupción.

Supusimos mal. La PGR respondió un año después y nos entregó un documento que anuncia su decisión de no ejercer acción penal contra los ex diputados por falta de elementos. Está de más decir que entre los documentos que le entregamos, incluimos una copia del cheque y oficio que sólo cuatro diputados, de 500, remitieron a la Tesorería por considerar que recibir esa devolución del impuesto era ilegal.

Confirmamos que la mayoría de los tomadores de decisiones públicas le apuestan a vencer nuestra resistencia. Los métodos ya los conocemos: alargar plazos, desestimar pruebas, protegerse unos a otros. La inmunidad que han desarrollado contra el desprestigio es cada vez más potente.

El amparo ya está entregado en el Juzgado de Distrito y esperamos que se realice una investigación profunda sobre el proceso de administración de los recursos, los tomadores de decisiones administrativas en la Cámara y la irresponsabilidad de los ex diputados que nunca se cuestionan si la forma en la que se reparten recursos públicos a discreción tiene sustento legal.

Nos queda ahora considerar los avances, pese a que parecen pequeñitos. El hecho de que la actual legislatura haya decidido no devolverse ese impuesto, es un buen logro de los ciudadanos. Ahora tendremos que insistir y continuar con el proceso para que la impunidad no sea resultado de nuestro desistimiento.

http://maiteazuela@blogspot.com Twitter: @maiteazuela y @dhpmexico.com
(Artículo originalmente pubicado en El Universal)

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