2015
Organizaciones civiles piden se les incorpore en la elaboración del Reglamento de la Ley de fomento a OSC´s
10/Diciembre/2015
  • Organizaciones de la Sociedad Civil advierten de las insuficiencias y peligros de la nueva Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil porque no reconoce el proceso, la experiencia y aprendizajes generados desde la vigencia de la Ley Federal. Se requiere de una ley que parta de la naturaleza e identidad de las OSC como expresiones de exigencia de derechos y que para ello son necesarios funcionarios, instituciones y mecanismos abiertos a la participación de las OSC en las decisiones como condiciones de posibilidad para realizar eficazmente su misión.
 
  • Piden ser tomadas en cuenta, de forma pública y transparente,enla conformación de los órganos de gobierno que contempla Ley.
 
  • Solicitan que se les incorpore en la elaboración del reglamento respectivo, a cargo del Poder Ejecutivo.
 
A unos días de concluir la labores de la pasada Legislatura, el Congreso del Estado de Guanajuato aprobó la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil y fue publicada en el Periódico Oficial el 25 de septiembre del año en curso. Previo a su aprobación, un conjunto de más de 70 organizaciones firmamos una propuesta de modificaciones a dicha Ley y la presentamos a los diputados y diputadas de la pasada legislatura.
 
Muy pocas de nuestras sugerencias fueron tomadas en cuenta. La Ley es muy parecida a la Ley Federal en la materia, pero no incorpora discusiones y experiencias sobre su aplicación que sobre esta Ley Federal ya se han dado a 11 años de su publicación.
 
En principio, la Ley es necesaria y útil. Sus principales virtudes son el establecer la obligatoriedad por parte del Estado de otorgar los recursos a las OSC con criterios de transparencia y equidad, lo que si se reglamenta bien, puede limitar la discrecionalidad con la que se otorgan actualmente. Por otro lado establece órganos de gobierno que pueden a la larga generar mejores condiciones para las OSC, aunque su diseño puede hacerlos inoperantes.
 
Pero en términos generales, aunque la Ley se presume como una ley de fomento, el acento está puesto en el control y en establecer los mecanismos de registro de las OSC que quieran recibir apoyos públicos. La ley no debería ser un instrumento de vigilancia y cooptación de las OSC, sino un mecanismo que garantice la autonomía e independencia de las organizaciones y abandone la historia corporativa.
 
La Ley debería fomentar la participación de las OSC basada en el reconocimiento y la capacidad de las organizaciones de plantear problemas que afectan a la población y que en muchas ocasiones constituyen violaciones generalizadas de derechos humanos.
 
Algunos puntos particulares en los que se aceptaron nuestras recomendaciones:
 
El artículo 5 establece el derecho de las organizaciones a recibir recursos públicos y como contraparte, la sujeción de las OSC a la supervisión y vigilancia de las autoridades competentes.
Este punto es uno de los pocos en los que se aceptaron nuestras recomendaciones y se asentó que la entrega de recursos: “deberá basarse en criterios de equidad, transparencia y beneficio de los proyectos”. En el artículo 12 también se aceptó la propuesta de que la redacción contemplara “Establecer criterios de transparencia y equidad para el otorgamiento de los recursos públicos a las Organizaciones de la Sociedad Civil”.
 
En el artículo 6 se habla de la disolución de las asociaciones civiles. Igual que a nivel federal se establecía que al disolverse una asociación, esta podría donar sus bienes a cualquier otra que estuviera en el registro. Nosotros propusimos que se estableciera la obligatoriedad de escoger entre organizaciones que tuvieran el mismo objeto social, dado que ese dinero público se había donado para ese fin particular. Nuestra propuesta fue aceptada.
 
Nuestras preocupaciones subsisten en relación a:
 
El artículo 8 establece unlistado de actividades con son objeto de fomento y prohíbe que una asociación se desempeñe en más de una de ellas. El listado, además de ser una taxonomía incompleta y mal construida (a tal grado que actualmente la misma Sedesol a nivel federal la está revisando) pone en camisas de fuerza a las asociaciones, les quita versatilidad y capacidad de respuesta a las necesidades de la comunidad; características que han distinguido, precisamente, el trabajo de las OSC frente al trabajo de las agencias gubernamentales, mucho más rígido y acotado.
 
El artículo 9 establece los derechos de las organizaciones. Ahí no hay nada nuevo, pues son derechos de los que ya gozan las OSC: derecho a recibir recursos, a participar, a las prerrogativas fiscales etc. No amplía en nada estos derechos ni mejora condición alguna. En el derecho a recibir capacitación se sugirió que se anotara que se nos debiera consultar sobre los temas de capacitación y que deberíamos tener derecho a organizar nuestra propia capacitación y a recibir apoyo para tal efecto, pero no se aceptaron los cambios.
 
En el artículo 10 se establecen las obligaciones de las OSC, como inscribirse en el registro, llevar un sistema contable transparente, proporcionar información que se le requiera, informar anualmente, etc. Hay obligaciones razonables porque cuando las OSC reciben financiamiento público tiene que dar cuenta de ellos con honestidad y transparencia; pero en algunos casos estos controles resultan costosos y excesivos, demasiado burocráticos e innecesarias. Incluso dificultan las profesionalización de las organizaciones. En otros, incluso se establecen obligaciones sospechosas, como la obligación de reportar a qué redes se pertenece. ¿Por qué debemos informar eso? ¿Qué utilidad tiene en el fomento de nuestras actividades? ¿No es más una medida de control? Rechazamos tajantemente esa obligación.
 
Por otro lado se insiste en tener un Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil, lo que equivale, para las OSC a tener un doble registro con trámites burocráticos duplicados en el Estado y en la Federación. Consideramos que el Estado podría fácilmente hacer un convenio con la federación en el uso de la base de datos y el CLUNI federal, así como en las elecciones se utiliza un solo padrón electoral.
 
En el artículo 13 se dibujan los órganos de gobierno. Tener un Consejo avocado al tema nos parece pertinente porque puede ser un espacio de reflexión constante sobre el tema del las OSC en el Estado. Sin embargo establece dos órganos de gobierno: un Consejo formado por burócratas de alto nivel vinculados al desarrollo social o las finanzas y por 5 miembros de OSC, otros dos de universidades y dos de los gobiernos municipales. Y un Consejo técnico consultivo integrado por 5 OSC, 4 integrantes del sector académico, y dos de los gobiernos municipales. Por el nivel de los integrantes del primero será inoperante o será de esos consejos que se reúnen solo con suplentes o con una periodicidad que impide el conocimiento y desarrollo de cualquier tema a profundidad. Claramente se duplican las funciones de los dos consejos. Por otro lado habrá que esperar las leyes reglamentarias para establecer los mecanismos de elección de los Consejeros ciudadanos, porque la representación de las OSC no debe venir desde el sector gubernamental sino desde la sociedad civil.
 
Según se establece en el decreto de la Ley en sus transitorios, la Secretaría de Desarrollo Social deberá “conformar el Consejo dentro de los treinta días posteriores a la entrada en vigor de la Ley, a efecto de que ésta expida la convocatoria para la integración del  Grupo Técnico  Consultivo,  el  que  deberá  instalarse  a  más  tardar  treinta  días  posteriores”  este plazo se cumplió el 25 de octubre.
 
También se anota en los transitorios que la Secretaría de Desarrollo Social y Humano “[deberá]proponer al Ejecutivo del Estado, el Reglamento de la Ley, en un término de 120 días posteriores a la entrada en vigor de la Ley. Esto es, el 25 de enero de 2016.
 
Con base en todo lo anterior, un grupo de organizaciones exigimos:
 
1. Que se inicie la conformación de los órganos de gobierno que contempla Ley, de forma pública y transparente.
 
2. Que se convoque a las Organizaciones de la Sociedad Civil a trabajar en las elaboración del reglamento respectivo. La ley tiene deficiencias pero mucho se puede hacer si se construye el reglamento escuchando a las OSC.
 
 
Organizaciones firmantes hasta ahora:
 
 
AUGE, AUTOGESTIÓN Y EDUCACIÓN COMUNITARIA A.C.
CASA HOGAR LOYOLA  A.C.
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS VICTORIA DIEZ, A.C.
CENTRO DE DESARROLLO INDÍGENA A.C.
CENTRO DE REHABILITACIÓN LAS JOYAS A.C.
CLÍNICA MEXICANA DE AUTISMO Y ALTERACIONES DEL DESARROLLO IRAPUATO A.C.
CRUZADA DEMOCRÁTICA NACIONAL, A.C.
EDUJOYAS A.C.
FAMILIAS UNIDAS DE GUANAJUATO, A.C.
FORJADORES DE MÉXICO, A.C.
FUNDACIÓN COMUNITARIA DEL BAJÍO A.C
GRUPO UNIDO DE MADRES SOLTERAS, A.C.
INCUBANDO SUEÑOS AC
LAS LIBRES
OBSERVATORIO CIUDADANO DE LEÓN, A.C.
PROBIENESTAR LA NORIA A.C.
PROPUESTA CÍVICA GUANAJUATO
PROYECTOS LAUBACH DE ALFABETIZACIÓN EN MÉXICO A.C.
RAYMUNDO SANDOVAL, MAESTRO EN DERECHOS HUMANOS
RED DE SOLIDARIDAD LA OLLA
UTOPÍAS NAVEGABLES A.C.
 
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