Sara Noemí Mata


Ley estatal de guarderías: el olvido
02/Junio/2014
Empieza junio y los mexicanos y mexicanas estamos obligados a volver a un lugar de ignominia y tristeza. En especial, el 5 de Junio, a eso de las tres de la tarde, es imposible no volverse a quebrar frente a la desgracia de 49 niños (y secuelas permanentes de otros setenta) que fallecieron en un incendio avivado por una cadena de negligencias, en una guardería subrrogada del IMSS, en Hermosillo Sonora.
Conforme los años pasan, a la tristeza se suma la rabia porque este caso sigue impune y, ahora, se agrega la impotencia de que las leyes y normas secundarias poco hayan cambiado en el resto del país a fin de garantizar que los infantes que acuden a cualquier tipo de guarderías, cendis o estancias infantiles, tengan un espacio adecuado y protegido para esos primeros años de desarrollo.
Casi dos años después de la tragedia, en Abril de 2011, por impulso de los padres afectados aglutinados en el Movimiento 5 de Junio, se aprobó la Ley General de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, conocida como “Ley 5 de Junio” o “Ley de guarderías”.
Esta ley ordenó en el artículo quinto transitorio que: “Las Entidades Federativas contarán con un plazo de un año para expedir sus respectivas leyes en la materia o adecuar las y a existentes conforme a la  presente Ley, a partir del día en que entre en vigor este Decreto”.
Más o menos ése plazo se cumplió en mayo de 2012. Han pasado dos años más y apenas unos tres estados del país han comenzado sus revisiones legislativas. Guanajuato no se encuentra entre ellos. Aquí nada pasa hasta que otras prioridades partidistas de todo signo político nos den unos minutos para aquello que decimos es lo más preciado de la sociedad, los niños.
La semana pasada estuvieron en nuestro Estado unos padres de familia del Movimiento 5 de Junio. Tratan de animar a ciudadanos para que exijamos a nuestros legisladores cumplir lo que están obligados, por si acaso no estuvieran convencidos.
Su esfuerzo fue bien recibido por la diputada priísta Erika Arroyo quien ha anunciado presentará esta misma semana la versión local de la ley 5 de Junio para su discusión y aprobación por el Congreso de Guanajuato. En los archivos del legislativo se encontrará con otra iniciativa de ley de guarderías presentada por su correligionario Felipe Orozco, diputado irapuatense.
Falta saber si los actuales diputados y diputadas, por cierto, varias de ellas madres de hijos pequeños, van a enlistar este asunto como prioritario y si sus dirigencias apremiadas por las disputas electorales a la vista, lograrán encarrilar el proceso legislativo, asignar las iniciativas en las comisiones y organizar el proceso de discusión parlamentaria y foros públicos.  
Creo que esta discusión nos conducirá a constatar que si bien el caso ABC nos dejó una estela de dolor que no cesa, trajo una cierta mejora en prácticas de protección civil en ciertos sistemas como los del IMSS, pero queda en gran duda de si su aplicación es igual o dispar en las guarderías del ISSSTE, del DIF, las estancias de SEDESOL o las guarderías privadas.
Además, deberá poner sobre la mesa el estancamiento de cobertura que hay del servicio de guarderías en los ámbitos públicos: tan sólo el IMSS en Guanajuato no ha abierto ni una guardería en León en el último quinquenio, sino que cerró una (de 28 que había en 2011, a 27 subrrogadas en la actualidad), el ISSSTE tampoco ha ampliado el número o capacidad de sus dos únicos CENDI ubicados en León y experiencias privadas exitosas como el CendIBERO cierran sus puertas sin explicaciones. Al fondo de esta contención de la oferta parece estar el estatus legal que ciertamente no resuelve la Ley 5 de Junio, sobre la subrogación de este servicio el cual constituye la fuente de negocio de las guarderías pagadas con recursos públicos y el nudo de impunidad que ni siquiera el caso ABC pudo desatar.
La falta de desarrollo de la ley local de guarderías ha permitido que caiga en el limbo la exigencia que la pasada administración municipal puso para que las estancias de SEDESOL tuvieran salidas de emergencia adecuadas, es decir, que se ubicaran en esquinas (debido a que la mayoría de ellas se montan en casas adaptadas, en colonias populares) entre otros requisitos, para que pudieran cumplir y obtener una constancia de Protección Civil. En junio de 2011 el exalcalde Ricardo Sheffield aseguró que menos del 10% de las entonces 178 estancias SEDESOL registradas, habían obtenido dicha constancia.
En un extremo de mal augurio de ineficacia oficial para proteger a la infancia, supimos hace unos meses que las gasolineras que se ubicaron frente a la guardería en calle Trigo y López Mateos ganaron amparos para finalmente operar a escasos metros de una emblemática guardería de la ciudad, la única del IMSS que no está subrrogada.
Así que una conmemoración dolorosa por los 49 niños y niñas que no debieron morir en la guardería ABC nos exige mucho más que lo logrado en estos cinco años. Todos y todas estamos llamados a transformar nuestras lágrimas y pesar en soluciones concretas, legales e institucionales, para mejorar y ampliar el servicio de guarderías. 
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