Pablo López Fosado


La policía del Gobernador
08/Abril/2015

El estado de Guanajuato ha sido fiel testigo del rápido crecimiento y apropiación de su territorio por parte de la delincuencia. No necesitamos más que explorar el crecimiento intensivo que en los últimos años se ha experimentado. Según los datos del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública, en el estado entre 2012 y 2014 hubo un incremento del 19% en la incidencia delictiva del fuero común (1) además, en 2014 el 90% de los municipios del estado incrementó la incidencia delictiva con respecto a 2013 (2).

Para intentar controlar el crecimiento de la violencia en el territorio estatal, la lógica del gobierno del estado fue lo más rudimentaria posible, más violencia y delincuencia entonces más policías. Y es que la Policía Urbana de reciente creación conjuga el reconocimiento implícito de al menos dos problemas serios en el estado. El primero, la incapacidad y el estado de descomposición de los gobiernos municipales que, en su función mínima como gobierno son incapaces de controlar y prevenir la comisión de delitos. En algunos municipios (León por ejemplo) hay evidencia suficiente de la coalición de grupos delictivos y un sector de la policía municipal, en 2014 conocimos apenas la punta del iceberg cuando policías municipales consentían el robo a comercios pese a la flagrancia del hecho. Segundo las obsoletas e ineficientes políticas públicas de desarrollo social. Las que existen, lejos de funcionar como vínculos entre instituciones municipales y estatales que provean servicios públicos de manera masiva a la población con factores de riesgo social, como servicios de sanidad a personas sin acceso a la salud, acercar actividades productivas a las personas con desempleo,  atender el abandono escolar, entre otros, esas instituciones son utilizadas como refugios de compañeritos de partido los cuales podrán cobrar quincenas al menos por 3 años como gratitud a sus contribuciones en la campaña electoral, o peor, funcionan como instrumento de compra del voto a cambio de misericordias institucionales.

Estas ausencias de estado no pueden sustituirse simplemente con la creación de una policía estatal y esperar que el fenómeno delincuencial y de descomposición social se arregle o tienda a disminuir en el tiempo. En su lucha por tratar de legitimar el papel del gobierno del estado frente al lamentable escenario de desconfianza e inseguridad, el Gobernador Márquez Márquez, su gabinete y asesores impondrán la misma fórmula represiva que durante las últimas décadas se han encajado en México sin ningún tipo de resultados. Decía Albert Einstein “si quieres cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo”, pues bien, la nueva policía urbana es más de lo mismo y representa la rigidez del pensamiento político del gobierno que no cambia frente a un problema cuyas vertientes cambian, se transforman, se especializan y doblegan a su merced a policías lo mismo que a gobiernos.

El gobernador del estado asegura que es una policía que “por los procesos de control y confianza hay certidumbre de su confiabilidad” (3). Bueno, eso podría en el mejor de los casos asegurarse en el momento t (momento de inicio) pero, en el momento t+1, t+2 ,…, t+n cuando la policía esté plenamente en las calles y los grupos delictivos incluso la delincuencia organizada extienda sus tentáculos, la nueva policía seguirá el camino de todas las demás, esto es, corromperse. La razón la manifiesta claramente el experto en temas de seguridad y narcotráfico Edgardo Buscaglia, “(en México) las policías lamentablemente se corrompen porque a los grupos criminales no se les toca la dimensión patrimonial” (4). Una nueva policía en las calles nunca va a sospechar ni siquiera la verdadera fuente de poder de estos grupos, eso se ataca según el mismo Buscaglia con unidades funcionales de inteligencia financiera (inoperantes en México) y combatiendo la corrupción política cuya fuente de protección cohabita en los gobiernos y miembros de partidos políticos que militan a la par en las filas de la delincuencia. El combate a esto último no forma parte de las prioridades de este gobierno.

Otro tema que envuelve la creación estatal, es que, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato a través de su titular Gustavo Rodríguez Junquera, afirmó que, “en 2014 el mayor número de quejas estuvieron dirigidas a las direcciones de seguridad pública municipal, seguido de la Procuraduría General de Justicia del Estado y luego las autoridades federales” (5). En las recomendaciones Rodríguez Junquera dijo, “siguen siendo las Direcciones de Seguridad Pública las autoridades que más recomendamos, después viene la Procuraduría General de Justicia del Estado. Por detenciones arbitrarias y con uso excesivo de la fuerza siguen siendo la policías municipales, estatales y ministeriales las más recomendadas” (6). Pero ¿tiene caso hablar de derechos humanos ante el escenario de creciente violencia en el estado? Buscaglia afirma con contundencia, “es justamente el respeto puntilloso a las convenciones internacionales de derechos humanos lo que hace que la ciudadanía comience a percibir a la autoridad como legítima y comience a colaborar con ella” (7). Bien le vendría a las instituciones de seguridad una legitimación que provenga del respeto a los derechos humanos, pero en México eso parece ser, por ahora, una imposibilidad. En este contexto organizaciones internacionales de derechos humanos como Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, entre otras han puesto al estado en sus tres niveles y en particular a las instituciones de seguridad como los principales obstáculos del respeto a los derechos humanos. ¿Deberíamos creer que la nueva policía será respetuosa de estos?. Tendríamos, naturalmente, razón de sobra para dudarlo.

Serán 370 elementos distribuidos en León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Silao, San Miguel de Allende y Guanajuato. Su creación costó 2 mil 107 millones 905 mil pesos, más del presupuesto asignado a Irapuato para todo el ejercicio 2015. Si consideramos que pueden bajar los índices de inseguridad del estado, puede que se logre en el corto plazo incluso, pero, hay elementos suficientes como para pensar que los problemas reales del estado son aquellos contra los que no luchará la policía del gobernador.

Bibliografía

  1. Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
  2. Pablo López Fosado, Sin democracia seria no habrá paz, 22 de Septiembre de 2014. Disponible en; https://porlaconciencia.wordpress.com/2015/01/23/sin-democracia-seria-no-habra-paz/
  3. Susana Moraga. Policía Urbana Estatal iniciará operaciones con 370 elementos, 26 de Marzo de 2015. Disponible en; http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2015/03/26/seguridad/policia-urbana-estatal-iniciara-operaciones-con-370-elementos
  4. Edgardo Buscaglia, Paradoja de la represión. Publicado el 17 de Junio de 2011. Video disponible en https://www.youtube.com/watch?v=Mg20OkOA8Nc
  5. Sergio Enrique Contreras. Policías municipales acaparan quejas por violación de derechos, 30 de Marzo de 2015. Disponible en; https://es-la.facebook.com/MilenioLeon/posts/760525050728772
  6. Sergio Enrique Contreras. Policías municipales acaparan quejas por violación de derechos.
  7. Edgardo Buscaglia, Paradoja de la represión.
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